"Tenemos una baja de presupuesto en el sistema educativo en general" 

Pablo Francisco se desempeña como Secretario de Condiciones de Ambiente de Trabajo en UTE. En su secretaría se abordan las problemáticas de infraestructura, las condiciones de trabajo de los docentes, los comedores escolares, entre otras tareas.

¿Cuál es el estado actual de las escuelas de CABA? ¿Cómo describirías su situación?

La verdad es que es un estado muy preocupante el estado edilicio de los colegios. Todos los años hacemos un relevamiento sobre las condiciones de higiene, salud y seguridad de las escuelas. El año pasado habíamos registrado más de 200 escuelas con problemas en la infraestructura escolar, este año volvimos a hacer ese relevamiento, y el número aumentó a más de 300. Son 300 sobre 950 edificios escolares que tiene la ciudad, es un porcentaje muy grande teniendo en cuenta que la Ciudad de Buenos Aires cuenta con un territorio netamente urbano, sumado a que es la ciudad más rica del país y la jurisdicción con mayor presupuesto e ingreso per cápita de Argentina.

¿Cuáles son los problemas más comunes que enfrentan a nivel infraestructura las escuelas?

Por un lado, tenemos filtraciones, o escuelas en estado de obra permanente, es decir, escuelas que empezaron con obras que extendieron sus plazos por distintos factores, y pasan dos o tres años y nunca se terminaron.

A su vez, hay muchas escuelas que tienen problemas para garantizar el servicio de electricidad o de agua, lo mismo sucede con el suministro de gas. Otras que en distintos momentos del año tienen problemas de plagas. Ahora es más visible el tema de las ratas, pero es un problema que viene de hace tiempo, algunas tienen plaga de ratas, otras de alacranes, escuelas con plaga de cucarachas, y dos escuelas –una de educación especial y otra secundaria- que tienen problemas con invasión de abejas. Todos problemas que la comunidad educativa viene denunciando hace mucho tiempo, y no tiene respuestas concreta. La respuestas desde el Ministerio de educación de la ciudad o son nulas, o son ineficientes. Son parches que no terminan resolviendo nada, o resuelven muy a corto plazo.

¿Cómo es el procedimiento para reclamar contra el gobierno de la Ciudad? ¿Es engorroso, tienen respuestas rápidas? Si bien tienen "respuestas parches", ¿Cómo definirías ese proceso?

El procedimiento burocrático permite que el reclamo de las escuelas llegue al gobierno de la Ciudad. Hay plataformas que tienen las directoras por las cuales elevan las alertas correspondientes, y de inmediato esas alertas llegan al Ministerio de Educación, más específicamente, a la Subsecretaría de Gestión Económica Financiera y de Administración de Recursos. Esa subsecretaría tiene en su órbita la Dirección de Infraestructura Escolar, la Dirección de Mantenimiento Escolar, la Dirección General de Servicios a Escuelas, y la de Administración de Recursos. No tenemos duda de que el reclamo llega, el problema son las acciones que se toman para dar respuesta a esas denuncias.

Tenemos una baja de presupuesto en el sistema educativo en general, pero específicamente en la infraestructura escolar. También hay una falta de escucha y atención a los órganos representativos de la comunidad educativa -conformado por sindicatos docentes, cuerpos delegados, centros de estudiantes y cooperadoras- no nos escuchan. Eso es consecuencia de la existencia de una lógica mercantilista de maximizar las ganancias de las empresas, las cuáles terciarizan las áreas de infraestructura y de mantenimiento, y hay poco control del ministerio sobre estas empresas.

¿A esas empresas directamente las llama el gobierno sin mediar palabra con los colegios? ¿O son contratadas por las escuelas?

En los últimos años, hubo un cambio en la lógica de cómo se aborda el problema de infraestructura y mantenimiento en las escuelas. Hace varios años, la cooperadora tenía un rol fundamental en el tema de detectar, junto a las escuelas, las principales problemáticas, de consensuar con el gobierno de la ciudad, y a partir de eso, se definían las obras en las cuales a veces la cooperadora participaba en la distribución de esos ingresos, pero generalmente el gobierno contrataba una empresa que llevaba adelante la obra. Es decir, había una mayor participación en la decisión en conjunto de qué obra se hacía, y cuáles eran las necesidades de la escuela.

Hoy en día, la cooperadora y las conducciones fueron corridas de plano en esas decisiones. Entonces, se detecta un problema en una escuela, y la obra que llega a resolver muchas veces no tiene que ver con el problema que tiene la escuela, o con las necesidades que tiene la comunidad educativa. Se anuló esa instancia en la que la comunidad educativa participaba activamente en la resolución de problemas. Ahora el ministerio, junto a las empresas, definen las obras y muchas veces esas obras no tienen que ver con las necesidades de la escuela.

El Ministerio de Educación, de manera trianual, abre una licitación para que se presenten empresas de infraestructura y de mantenimiento escolar. Hay todo un mecanismo que si las empresas que ganan la licitación no cumplen, o tienen denuncias, estas tengan que ser penalizadas. Sin embargo, esas penalizaciones no inciden en las futuras licitaciones, entonces ganan constantemente las mismas empresas, solamente cambian su nombre, y tienen constantemente la potestad de hacer obras en las escuelas.

Con la problemática de las plagas, hay empresas que con el fin de abaratar costas y maximizar ganancias, hacen los procedimientos de manera parcial. Entonces, no se le da una solución al problema, y se incrementa la problemática hasta el punto de que hay roedores caminando por las aulas durante las horas de clases.

¿Cómo afectan estas malas condiciones de infraestructura en la forma de dar clase?

Es un abanico muy grande ese tema. En primer lugar, estos problemas de infraestructura afectan en los docentes, alumnos y toda la comunidad educativa. Inevitablemente, estos problemas suspenden actividades por más que el ministerio baje la línea de que bajo ninguna circunstancia se deben suspender los días de clase. Nosotros no queremos suspender tampoco, pero entendemos que las condiciones deben ser dignas para la enseñanza y el aprendizaje. Una escuela en la que hay ratas en el aula o en las que hay riesgo de que el techo se caiga, no son condiciones dignas. En consecuencia, los docentes, familias y comunidad educativa reclaman por esta suspensión para poder darle una solución al problema.

En el mientras tanto, muchas familias deciden no enviar a sus hijos a la escuela hasta que haya un punto de inflexión en la problemática. En la escuela que hay ratas, las familias no quieren mandar a sus pibes, y el ministerio dice que no asisten a clases por un reclamo sindical, cuando es un reclamo de la comunidad educativa en su conjunto. Cuando no hay agua, la higiene de las escuelas es insostenible. Tenemos escuelas con más de 500 pibes, si no hay agua es imposible llevar a cabo el proceso de aprendizaje.

La situación afecta a la salud de las docentes. Hay compañeras que tienen pánico por la presencia de las ratas, o cuando fue la ola de calor padecieron estar expuestos a temperaturas extremas tantas horas. No es saludable trabajar en ambientes laborales en estas condiciones.

Vos mencionaste que se asignó menos presupuesto educativo que el año pasado. ¿Qué criterios se toman en cuenta a la hora de asignar ese presupuesto?

El presupuesto en la ciudad, lo asigna la misma ciudad. Es una ciudad autónoma por lo que ellos definen el presupuesto que va a cada una de sus áreas. En educación desde el año 2011 a la fecha, bajó más de 10 puntos la inversión en relación al presupuesto general de la ciudad. En 2011, 27 puntos del presupuesto total iba a educación, pero hoy en día es de 16,8.

Evidentemente, hay un problema presupuestario en la ciudad. No se pone el foco en educación ya. Eso tiene que ver con las políticas que bajan de a qué se le da prioridad. Nosotros lo comparamos con el presupuesto de pauta publicitaria que en los últimos 6 años aumentó un 400%, mientras que el de educación no para de caer.

Otro ejemplo es que en 2021 (segundo año de pandemia), necesitábamos una fuerte inversión en las escuelas para tener ventilación, era casi una obligación moral esa inversión, y sin embargo, educación tuvo un recorte del 70% respecto al 2020. Se ve que hay una definición política en estas áreas muy sensibles, y es esa la causa de esta situación. Si hubiese inversión y escucha de las problemáticas estaríamos de otra manera, nosotros queremos tener un mecanismo de diálogo para no llegar a estos puntos de conflictividad porque terminamos todos perdiendo.

¿Qué diferencias existen entre las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires y las escuelas del resto del país?

Lo que tiene a favor la Ciudad es que las escuelas están en un trazado urbano, eso los diferencia de las otras provincias del país que tienen una extensión geográfica enorme comparado con la ciudad, y un territorio muy heterogéneo. Esto no significa que no haya problemas. Nosotros con la CTERA tenemos mucho contacto con distintas provincias del centro del país como la Provincia de Buenos Aires, La Pampa, y Santa Fe. Esas provincias tienen todas mesas de diálogo en las que participan docentes y un representante de cada ministerio para poder abordar las problemáticas. Más allá de que cuentan con una mayor parte del presupuesto total, cuando hay un problema, se abren mesas de diálogo instantáneas con mucho dinamismo que contrasta mucho con lo que pasa en la ciudad dónde nos cuesta mucho conseguir una mesa de trabajo. Acá en C.A.B.A. existían mecanismos así con Bullrich, -para comparar con alguien del mismo partido político- ahí teníamos más mesas, y venían en más ocasiones los funcionarios, había más ida y vuelta generando un abordaje de las problemáticas desde su inicio, pero con esta gestión, todos esos espacios se han ido cerrando.

¿Qué medidas se deberían tomar para mejorar la situación?

Por un lado, se debe aumentar el presupuesto educativo. Por el otro lado, se deben restablecer estos espacios de dialogo con la participación de los representantes de las instituciones escolares. Estos espacios tienen que ser conformados por leyes y normativas que los legitimen, y que no se den de manera espontánea, y sin un marco legal.

En esos espacios se deben escuchar las problemáticas desde un inicio. Y priorizar a la educación como un derecho social, y no abordarlo con una lógica mercantilista que permite a las empresas priorizar sus intereses sin pensar en este derecho indispensable para nuestra sociedad. Nosotros queremos que las empresas estén, pero deben cambiar su lógica de funcionamiento.

Hace un tiempo nosotros planteamos la creación de cooperativas para tener un férreo control del Gobierno de la Ciudad porque esas empresas se están llevando millones de pesos del presupuesto, y no están dando las respuestas correspondientes, entonces se tiene que repensar el sistema de infraestructura y mantenimiento escolar. Ver los puntos débiles, su fortalecimiento, y que la prioridad sea mejorar las escuelas, y garantizar el derecho a la educación, y no los márgenes de ganancias de la empresa.

También, creemos necesario una Ley de Paritarias en la Ciudad, no hay mesa paritaria con constitución legal. Lo que hay es una mesa salarial y de condiciones laborales, la cual no cumple con los requisitos de una paritaria y siempre termina en que la cierra unilateralmente el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Y otra cosa que estamos reclamando es una Ley de Financiamiento Educativo de la Ciudad, que determine como se destinan los fondos, a que áreas dentro de la educación. Esos son dos proyectos de Ley que estamos promoviendo. Sabiendo que es difícil que salgan en este momento, pero que son necesarios para darle un marco legal a todas estas cuestiones en la Ciudad de Buenos Aires.